Nueva Ley de Extranjería “precariza a las personas migrantes”

“La institucionalidad que se crea refleja el espíritu de la ley que es entender la migración como un problema que debe ser resuelto con una lógica de seguridad y control”, señaló el académico.

Experto en políticas migratorias, Eduardo Thayer.

11 de abril, 2021

María Carrera

Este fin de semana el Presidente Sebastián Piñera promulgó una nueva Ley de Extranjería. Tanto sus dichos en el evento como el texto ha generado molestia en diversas agrupaciones y colectivos migrantes y también en diversos/as expertos/as. Entrevistamos a Eduardo Thayer, académico, experto en políticas migratorias y miembro de la Comisión de Migraciones de Convergencia Social quien abordó esta nueva disposición salida desde el gobierno.

¿A su juicio cuáles son las debilidades de esta ley?

Son muchas pero creo que si uno mira las consecuencias que va a general en las vidas de las personas migrantes en Chile, la principal es que institucionaliza condiciones de acceso precario al mercado de trabajo para trabajadores y trabajadoras migrantes. En este sentido es una ley que favorece a empresarios medianos y grandes de emplean a migrantes.

Hay muchas normas en esta ley que, si uno mira lo que ha ocurrido en otros países y en Chile en el pasado, van a tener esa consecuencia, y eso es algo que lo saben quiénes la diseñaron. Por ejemplo, hay rigideces para el acceso a los permisos de residencia y trabajo que van a redundar necesariamente en empleo informal, o empleo formal, esto es con contrato, pero en condiciones de extrema precariedad porque las personas no van a poder contar con permiso de residencia y eso los expone a abusos por parte de los empleadores.

El sistema de visas consulares para trabajadores que consagra la ley va a tener esta consecuencia, que se deriva de los ingresos clandestinos. Otra norma que va a precarizar el acceso al trabajo tiene que ver con la extensión de las visa temporales, el DL 1.094 impuesto en la dictadura garantiza que las personas  puedan acceder a una visa de permanencia definitiva al segundo año de residencia, con la nueva ley se podría extender a más de 4 años, esto en la práctica se traduce en precariedad laboral.

¿Y qué pasa con los trámites de visado en esta ley?

Muchas de esto se va a resolver en el reglamento, plazos, requisitos específicos, etc., sin embargo la ley establece ciertos criterios, a mi juicio restrictivos, a los que el reglamento puede sumar más restricciones. Por ejemplo se consagra la imposibilidad de pasar de una categoría inicial de ingreso obtenida en la frontera a una temporal. O sea, si te dan un permiso transitorio no podrás una vez que  ya estás en el país optar a un permiso de trabajo, este es uno de los principales cambios respecto de la forma de gestionar la migración en la historia de Chile y nos convierte en una excepción en América Latina.

¿Y las personas en situación irregular se verán favorecidas?

Si bien hay algunos artículos que consagran en la ley situaciones que estaban ya vigentes gracias a decretos emitidos hace varios años como el reconocimiento del acceso a la salud a las personas indocumentadas y a la educación escolar a los niños y niñas en esa situación.

En general la ley adolece de tres problemas que afectaran a las personas en situación irregular, el primero es que el sistema de visas consulares va a incentivar mucho el ingreso clandestino, el segundo es que los obstáculos para cambiar de categoría  transitoria inicial a la temporal va a generar mucha irregularidad devenida, esto es, personas que ingresen regularmente pero permanezcan en situación irregular porque la ley les va a impedir acceder a una autorización de residencia, y el tercero es que la ley no cuenta con un mecanismo de regularización ordinario que permita que las personas que caen en esta situación puedan salir de ella. En este sentido la ley va a ser para muchos migrantes un callejón sin salida.

¿Pero no mejorará la situación con la nueva institucionalidad?

Es una institucionalidad que tiene dos dimensiones. El consejo de política migratoria que está hegemonizado por el Ministerio del Interior que como sabemos no tiene atribuciones en el ámbito de la integración si no de la seguridad y el control de frontera, y la segunda es el Servicio Nacional de Migraciones que se crea, el que también está sujeto a Interior, con lo cual se abandona una dimensión esencial de la política migratoria que es la que tiene que ver con las políticas de integración y de reconocimiento de migrantes. En este sentido la institucionalidad que se crea refleja el espíritu de la ley que es entender la migración como un problema que debe ser resuelto con una lógica de seguridad y control.