Protestas anti-migrantes en el norte y la deshumanización de la sociedad chilena: reflexiones desde un enfoque de derechos humanos

Por Ana Sofía Álvarez Jofré y Sebastián Cepeda Valdés
*Integrantes de equipo de Investigación Anillos SOC180008

La migración ha sido protagonista de la agenda pública durante las últimas semanas. Latinoamérica vive un momento de reactivación de una crisis migratoria de larga data. En lo atingente a Chile, se ha dado a conocer el éxodo de personas haitianas desde nuestro país hacia América del Norte, motivado por el sufrimiento y la miseria que vivieron en Chile. Por otro lado, en el norte del país, con motivo del desalojo de un campamento de migrantes, se suscitaron graves episodios de racismo y xenofobia que intensificaron el debate en esta materia.

¿Por qué las y los chilenos se sienten amenazados por las personas migrantes? Históricamente, Chile ha propiciado una visión selectiva hacia los extranjeros, dándole la bienvenida al europeo y rechazando al latinoamericano. Dicha perspectiva cimentó las bases de una “chilenidad” construida desde la diferencia, la exclusión y una autopercepción de superioridad ante el otro. Esta lógica se perpetúa hasta la actualidad, pues, sectores de la sociedad chilena agrupan como “migrantes indeseables” a personas peruanas, bolivianas, colombianas, venezolanas y dominicanas. Lo que se agrava con la llegada de migrantes haitianos, donde “lo desconocido” -idioma, cultura, color de piel- causa temor y rechazo.

Ante ello, cabe resaltar que las fronteras son construcciones geopolíticas y que la nacionalidad, en tanto vínculo de una persona con un Estado, es también una construcción jurídica. Lo real y tangible somos los seres humanos, cuya dignidad y derechos humanos no distinguen según nacionalidad. La defensa de los derechos humanos como marco jurídico, ético y social, supone reivindicar la dignidad de las personas como fundamento del vivir en sociedad. Lo cual implica reclamar un conjunto de libertades, pero también, asumir la subjetividad del otro para permitir la realización personal, es decir, defender la diversidad en igualdad. Así, características jurídicas de los derechos humanos, tales como su interdependencia -operan de manera indivisible, sin que se pueda privilegiar un tipo de derecho por sobre otro-, y su universalidad -igualdad en el acceso y ejercicio de derechos-, se presentan como centrales en el debate migratorio.

El panorama actual de las personas migrantes, especialmente en el norte de Chile está caracterizado por su situación de extrema vulnerabilidad, precariedad y sufrimiento. Son personas que huyen de conflictos armados o políticos, de condiciones de extrema pobreza, que añoran reunirse con su familia y que arriesgan sus vidas para buscar mejores condiciones para ellos y sus seres queridos. Al llegar a Chile enfrentan dificultades económicas, culturales, habitacionales, alimentarias y sanitarias; enfrentándose a una institucionalidad y sociedad hostil que, paradójicamente, les rechaza, y a la vez les necesita, principalmente en términos económicos. La situación y el sufrimiento de las personas migrantes en el norte de Chile no es sólo una crisis migratoria, sino una crisis humanitaria y de “humanidad”.

Los lamentables hechos ocurridos la última semana tienen un importante correlato institucional. La crisis en la gestión migratoria se debe a políticas que no han sabido responder a los flujos migratorios que llegan a Chile. En la última década, se han implementado dos tipos de política migratoria. Una buscó matizar, en lo posible, los efectos de la aplicación del D.L N°1.094, sin atacar el fondo de la legislación aún vigente y su lógica securitista. Otra, buscó “ordenar la casa”, reivindicando un discurso antimigración basado en el control de fronteras y criminalización de las personas migrantes. Lo cual se ha visto reflejado en la excesiva tardanza en los procesos de regularización, trabas en la aplicación de la normativa relativa a refugio, las recientes expulsiones masivas y la inacción de las autoridades ante la situación del norte de Chile, que culminó con repudiables actos de violencia contra personas migrantes.

Desde el derecho internacional de los derechos humanos, el panorama actual que enfrenta la migración en Chile implica el incumplimiento de obligaciones adquiridas por el Estado chileno y la desatención de estándares de derechos humanos. Desde el principio de igualdad y un enfoque de vulnerabilidad, no puede olvidarse que los Estados son titulares de deberes reforzados respecto de las personas migrantes. Ya en abril de este año, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en su segundo informe periódico sobre Chile, evidenciaba situaciones de desprotección de derechos de personas migrantes, enfatizando la necesidad que el Estado de Chile “refuerce sus acciones para la atención e inclusión de la población migrante al nivel local y en zonas de fronteras” y “desarrolle medidas para eliminar la xenofobia y los estereotipos discriminatorios sobre los trabajadores migratorios y sus familiares”, dentro de otras recomendaciones.

En este escenario, las personas migrantes dependen en gran medida de su propia articulación, de por sí compleja, y la labor de actores de la sociedad civil. Ante la urgencia, se celebra la labor de diversas ONG, grupos de la sociedad civil y clínicas jurídicas de algunas universidades nacionales. No obstante, es el Estado el principal responsable de velar por el bienestar de sus habitantes, incluyendo a las personas inmigrantes en su territorio. El cumplimiento de estas obligaciones supone no propiciar la irregularidad migratoria, así como repensar el trabajo de todos los órganos del Estado, tanto de aquellos con competencias especiales en materia migratoria, como de sus servicios de salud, sus universidades y otros servicios administrativos atingentes.

Así, es fundamental que el Estado cumpla con sus compromisos internacionales adquiridos, otorgando una real protección a los grupos vulnerables migrantes, promoviendo y asegurando su dignidad y acceso a derechos. Apostar por abordar la temática migratoria únicamente desde lo nacional resulta ilusorio. Es momento de propiciar instancias de cooperación regional para abordar de manera integral los flujos migratorios desde el reconocimiento al derecho al desarrollo humano y la búsqueda de mejores condiciones de vida, mediante el ejercicio de la libertad de movimiento. Por último, en lo que respecta al ámbito social y cultural de nuestro país, urge repensarnos como sociedad, desde la interculturalidad, la diversidad y la dignidad humana.

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¡Ningún ser humano es ilegal! rechazo a los actos de odio hacia la población migrante

¡Ningún ser humano es ilegal! rechazo a los actos de odio hacia la población migrante

La marcha anti migrante ocurrida el sábado 25 de septiembre fue el último de una serie de acontecimientos de violencia y racismo contra las personas migrantes vividos durante los últimos días en el norte de Chile. Asimismo puede vincularse con un discurso de odio que ha sido promovido tanto por los grandes medios de comunicación como por la agenda de gobierno de Sebastián Piñera.  

Los últimos hechos de violencia que han provocado denuncias nacionales e internacionales, comenzaron el día 22 de este mes con el desalojo de un campamento en Tocopilla donde residían personas migrantes, seguida dos días después por el desalojo de la plaza Brasil en Iquique y finalmente con la marcha anti migrante el sábado 25, que terminó en ataques violentos contra las personas (incluidos niños y niñas) recién llegadas al país y viviendo en la calle. El abuso de la fuerza policial y la violencia de la sociedad chilena pueden verse claramente en las decenas de videos y fotografías que registraron los hechos. Nuestro equipo de investigación, al igual que muchas organizaciones sociales, de derechos humanos y otros equipos en distintas universidades,  se ha pronunciado públicamente, sumándose al esfuerzo de innumerables sectores de la sociedad civil que están repudiando y denunciando la naturaleza racista y violenta de lo ocurrido. 

Es relevante recalcar que estos no son hechos aislados, por el contrario es una situación permanente que violenta las vidas de las personas migrantes en todo ámbito, desde la situación de calle, hasta la discriminación en el trabajo y el racismo cotidiano. Sin embargo, una marcha de este tipo y tan grande no había ocurrido, lo cual es sumamente grave. 

La socióloga y directora de nuestro proyecto, María Emilia Tijoux, en Radio Universidad de Chile manifestó el mismo sábado 25  en la mañana: 

“Un violento amanecer tuvieron, este viernes, centenares de personas migrantes que se encontraban instaladas en la Plaza Brasil de la ciudad de Iquique. A eso de las 7:30 de la mañana, funcionarios de Carabineros y de la PDI efectuaron un desalojo masivo del espacio que se sumó al concretado, esta misma semana, a un campamento en Tocopilla”,

En el mismo medio, días antes Eduardo Thayer, investigador principal del proyecto, explicaba: “El país necesita desarrollar una política fronteriza más realista”. 

La violencia con que el Estado ha tratado a las personas migrantes obedece a una operación política del Gobierno, que ha procurado armar un discurso que deshumaniza a quienes llegan de países latinoamericanos y caribeños. De esta manera la represión en su contra no genera tanto revuelo e, incluso, es apoyada por gran parte de la población chilena.

Thayer además agregó, haciendo una crítica enfática a las políticas del actual gobierno, tal como la Frontera Segura, a la cual se han destinado tres mil millones de pesos: 

“Hay una ausencia total de políticas y de recursos para resguardar los territorios y, de alguna manera, garantizar las condiciones en las que se mueven las personas no empeoren ni sus propias vidas ni vulneren sus derechos, ni genere un problema para las personas que residen en los territorios”

El Estado no se ha hecho responsable de la situación migratoria de manera humanitaria, sólo han respondido con represión y expulsiones, sin tener siquiera un atisbo de enfoque de derechos en sus actos. María Emilia Tijoux, Constanza Ambiado y Eduardo Cardoza lo explicaron en un artículo publicado en Le Monde Diplomatique: 

“Faltando a su palabra, este gobierno hoy reafirma y cierra el ciclo represivo de una política anti inmigrante que busca adherentes a partir de un discurso populista que promueve el odio hacia el migrante y ejecuta expulsiones masivas, desalojos, o detenciones, todas argumentadas en el supuesto peligro y amenaza que la población migrante representaría para nuestra sociedad”. 

Como proyecto nos sumamos al repudio a lo ocurrido en el norte del país, tanto con la policía como con la población civil que actuó de manera xenófoba y violenta. Es inconcebible que ocurran este tipo de actos inhumanos hacia personas que buscan un futuro mejor en Chile.

Por esta misma razón les invitamos a participar de las actividades de la campaña “30 al 30”, impulsada por diversas organizaciones migrantes, promigrantes y de Derechos Humanos, puesto que hoy más que nunca es urgente tomar acciones contra el racismo que impera en nuestro país. El jueves 30 de septiembre se realizará una romería hacia la posta central de Santiago en nombre de Joane Florvil y sería de suma importancia contar con la presencia de muchas personas en esta conmemoración. 

Para ahondar en lo que ocurrió el fin de semana, te invitamos a leer las columnas escritas por integrantes de nuestro proyecto, que son un aporte valioso para reflexionar sobre estas temáticas: 

Luis Eduardo Thayer sobre Colchane: “El país necesita desarrollar una política fronteriza más realista” (Radio UChile)

María Emilia Tijoux y desalojo de inmigrantes en Iquique: “Yo no sé si los consideran seres humanos” (Radio UChile):

El permanente sufrimiento de ser migrante en Chile. Por María Emilia Tijoux, Eduardo Cardoza y Constanza Ambiado (Le Monde Diplomatique):

*La fotografía de la portada es de autoría de Camila Pérez Soto y fue tomada en la Plaza de Armas de Santiago, en el contexto de un marcha en apoyo a les migrantes.

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